Audiencia Nacional de España, Sección Tercera de la Sala de lo Penal, legally and digitally notified after virtual reality

 

A LA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO PENAL  


AUDIENCIA NACIONAL
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N.I.G.: 28079  27  2  2024  0000389.
ROLLO DE SALA: EXTRADICION 0000010/2024.
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: EXTRADICION 0000012/2024.
ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION nº: 001.

Don Miguel Eugenio Antonio Muñoz, con documento nacional de identidad del Reino de España ("España") número 52478299G, número  de teléfono móvil privado +34-691725443 (más treinta y cuatro, seiscientos noventa y un millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y tres),  site/website, @&@, colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid con el número C70488, con domicilio situado en Av. Rey Juan Carlos I, 10, 3º, E, Majadahonda, Madrid, España, Código Postal 28222, con e-mail antonio@aabogados.net, declaro conforme a los siguientes Fundamentos de Ley y de Derecho:

- Que conforme he declarado y denunciado fundamentado mediante mis escritos del 13 de enero de 2026, 19 de enero de 2026, 21 de enero de 2026, y 28 de enero de 2026 (los "Escritos") presentados de forma efectiva ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el abogado D. Daniel Lucas Romero y el procurador por él designado nunca me han representado ni técnicamente ni procesalmente, por no haber sido ni apoderados, ni facultados ni autorizados por mí, como dijera en los referidos escritos, a los que me remito de forma expresa por su importancia para evitar reproducciones innecesarias, intentando evitar daños, lesiones y perjuicios a mi persona por la inobservancia no motivada de lo expuesto. Adjunto como Anexo 1 los escritos, nuevamente a través de LexNET.

-  Que la Ley dice y dispone, y en este caso la Ley de Extradición Pasiva, en su artículo trece, impone lo que transcribo:  "Artículo trece. 1. Recibido el expediente, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto en la Oficina judicial al Fiscal y al Abogado defensor por plazo sucesivo de tres días, y el Tribunal podrá reclamar, a petición de cualquiera de ambos o de oficio, los antecedentes que juzgue convenientes en relación con el artículo siguiente, sin que contra la resolución del Tribunal sobre este extremo quepa recurso alguno. 2. Si el reclamado de extradición no tuviera defensor, el Secretario judicial interesará que se le nombre de oficio antes de ponerle de manifiesto el expediente." El escrito que presenté el 6 de septiembre de 2024 en cumplimiento de esa fase procesal en el ejercicio de mi autodefensa y propia representación, que se adjunta como Anexo 2, nuevamente, a pesar de obrar en autos, a través de LexNET, fue contestado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, conforme probara en mi escrito del 19 de enero de 2026 antes indicado, por providencia del 16 de septiembre de 2024, a pesar de que sin haber "la secretario judicial" interesado se me nombrara de oficio defensor, y pese a haberlo yo interesado en dicho escrito por la necesidad de contar con una defensa y representación legal por los motivos allí indicados, se me diera acceso a la defensa requerida legalmente y solicitada, conforme surge de lo resuelto por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que, por lo tanto, me negó dicho derecho a contar con una defensa y representación legal separada a mi autodefensa y representación que venía realizando. 

-  Que de nuevo en este momento he de requerir lo que no puedo dejar de advertir e insistir, que es que mi necesidad de contar con la defensa y representación de un abogado y procurador en su momento por mí interesada continúa y se mantiene, por no haber sido todavía colmada, advirtiendo que siendo discapacitado, conforme a lo que he venido acreditando desde el 13 de febrero de 2024 ante los órganos judiciales que tramitan la extradición, incluyendo esa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, careciendo además de medios económicos, he ejercido mi derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita y el nombramiento de profesionales de turno de oficio conforme a lo requerido en el artículo 12.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, habiendo realizado todos los actos requeridos a la fecha necesarios para su obtención ante el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (SOJ Paseo General Martínez Camos Nº 27, Bajo, Madrid), por lo que en este acto requiero por ello la suspensión de los plazos, hasta se me notifiquen próximamente los profesionales solicitados ante dicho Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, para la adecuada defensa y representación legal de mis derechos, incluyendo los procesales y los humanos que se me confieren legalmente y como ser humano. A fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el secretario judicial de oficio a petición de éstas decretará la supsensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento y la denegación del derecho a litigar gratuitamente, conforme a artículo 16.2 de la referida Ley, de lo que se deja constancia a los efectos de que para el supuesto de que no se accediera a lo indicado fuera necesario volver a recordarlo en la instancia de que se tratara. Para la prescripción, caducidad y/o preclusión de plazos, se deja constancia de que "quedarán interrumpidas o suspendidas hasta la designación provisional de abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de oficio" conforme al propio artículo 16.2 mutatis mutandis por la fase procesal del procedimiento extradicional. Por otra parte, se deja constancia que conforme obra en autos y/o a lo expuesto, no consta que el órgano judicial que está conociendo del proceso estimare que fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de esta parte, no habiéndose dictado una resolución motivada requiriendo de los Colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y procurador no habiendo sido realizadas por el mismo con anterioridad, conforme al artículo 21 de la referida Ley, dejando constancia de ello.

- Que he presentado por derecho propio, en mi calidad además de abogado que ejerzo mi autodefensa o defensa propia, como prefieran llamarla, pero defendiéndome a mi mismo, lo aclaro porque a la vista de las actuaciones y al poco caso que me hacen, ante su falta de contestación y respuesta a nada de lo que he presentado ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, demostrando con eso el poco caso que hacen sus integrantes a los que según Ley y Derecho deben de tratar como iguales, motivando respuestas, no por nada existe ese requisito, sino habría algunos que Dios se creerían cuando muchos ya no creemos ni en la Biblia.

-  Que la representación que me ejerzo como abogado habilitado a actuar por LexNET es un derecho que me ha sido reconocido ya en estos autos por esa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (la "Sala") y por los Juzgados Centrales de Instrucción números 1 y 4 de la Audiencia Nacional en las presentes actuaciones desde el 13 de febrero de 2024.

-  Que la autodefensa es un derecho que reconocen desde los Tribunales españoles hasta los comunitarios como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros, conforme surge además de lo probado y declarado desde mis primeras actuaciones ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 1, reconocida tanto por la Unión Europea como por España. Dicho derecho lo recoge el artículo 56.3 del Estatuto General de la Abogacía de España, y hice uso del mismo para la defensa de los derechos fundamentales tantas veces citados. También el artículo 6.3 c) CEDH reconoce a la persona el derecho a defenderse por sí misma o a ser asistida por un defensor, cuestión que ha sido aclarada mediante STC 91/2000 (FJ.3º), entre otras, al disponer: “la defensa técnica no es, en definitiva, sino un complemento de la autodefensa”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo dispuso en el caso Correia de Matos, de 4/4/2018 (nº demanda 56.402/12), entre otros. Ello se dispone con los estándards más garantistas del Derecho internacional, que hacen a la vida y al derecho del ser humano a ser oído con sus propias palabras, con su propia voluntad, para que pueda entenderse que ha sido oído en el marco del resto de derechos que le amparan y pretenden asegurar que es defendido conforme a su voz, decisión y voto, y no de la de intérpretes como es cualquier tercero, tenga o no instrumento habilitante para representarle. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo indica también, entre su articulado garantista de la personalidad jurídica del ser humano "conf. vid." artículo 6, 7, 8, 10, entre otros "ibidem", de la Declaración de Derechos Humanos. 

-  Que conforme a lo indicado previamente, evidentemente no he recibido respuesta tampoco a lo planteado en los Escritos ni en mis últimos escritos y recursos, a lo que me refiero de nuevo para que conste expresamente, por el recurso de súplica presentado por mí en ejercicio de mi autodefensa entre dichos Escritos, así como por la gravedad de las denuncias realizadas en los mismos, entre las que se encuentran muchas relativas a hechos que imputo a los miembros de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y al titular del Juzgado Central de Instrucción N° 1 de la Audiencia Nacional, D. Félix Alfonso Guevara Marcos, D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, D. Carlos Francisco Fraile Coloma, D. Fermín Javier Echarri Casi, D. Francisco Javier Vieira Morante y D. Luis Francisco de Jorge Mesas.  El escrito de denuncia del 13 de enero de 2026 hace referencia a ello en su Alegación Decimonovena, que transcrita, de nuevo, dice "Denuncia, querella: Gravedad de hechos expuestos. Grabaciones. El presente escrito es asimismo formulado como denuncia, querella, notificación y/o comunicación ante lo que se describe, en tanto es la primera vez que lo puedo denunciar en la extensión y forma realizada, y el trato recibido por los órganos, entes y/o personas que he citado, cada vez más agresivos, violentos, denegando mis derechos personales, humamos y fundamentales, sin garantizármelos mínimamente conforme se requiere, me hace desconfiar de los mismos, sin perjuicio de las denuncias que he notificado a la Fiscalia de la Audiencia Nacional, conforme documentación que ha sido remitida por mi, respecto a la que no he recibido información ni comunicación respecto a su tramitación desde hace meses, incluyéndose entre los querellados y/o denunciados todos los que resultan de los agravios que denuncio en el presente, en toda la amplitud que me ha sido posible detallarlos, así como: órganos, entes y/o las personas a las que no puedo conocer debido a las prohibiciones que se imponen respecto a la posible prueba a recabar al respecto -y/o sobre la identidad de funcionarios-, magistrados, jueces, jueces-magistrados, fiscales, (...) entre los demás que me han causado vulneraciones, violaciones, delitos, lesiones y daños a mi vida, a mi persona, a mi cuerpo, a mi condición psicológica, libertad, igualdad, derecho de defensa, entre otros derechos, así como a mis bienes, entre otros. A los efectos que correspondan, dejo designadas las grabaciones, mediciones y otros sistemas de comprobaciones que obran en sitios y/o lugares públicos y/o privados en los que por la especificidad de los hechos que se han descrito no me son dados por sus titulares a pesar de haberse solicitado, entre los que se encuentran, a título de ejemplo, sin que la enunciación tenga carácter limitativo, sino solo enunciativo, las grabaciones realizadas por cámaras y/o sistemas situados en el interior o exterior del edificio de mi vivienda, en el ascensor marca Orona, en los lugares propios de las instalaciones de electricidad, agua, gas, entre otros, en otras viviendas privadas que tuvieron acceso a sonidos y/o imágenes, colindantes y/o cercanas a la mía, en la finca existente al salir del edificio, en el establecimiento Dia situado a continuación de la puerta del edificio de mi vivienda, en lugares por los que atravesé y/o pasé conforme a los hechos descritos, como vías, carreteras, calles, autovías, autopistas, vías, cuarteles de la Guardia Civil, cuarteles de la Policía Nacional, calabozos, Hospitales, unidades de psiquiatría, centros de salud mental, comercios de la calle Gran Vía de Majadahonda en los que ingresé los días denunciados para salvaguarda de mi persona y para probar en el momento que pudiera los hechos denunciados como ocurridos en la misma, salones, salas, dependencias, establecimientos penitenciarios, entre otras… Asimismo, se incluyen todas las grabaciones y sistemas que atendiendo a la naturaleza de lo denunciado existan, existen y/o pueden existir". Ello se ratifica en los Escritos, y en los demás escritos, recursos y anexos, como los adjuntos al presente.

-  Que debido a la imputación de naturaleza penal que realizo en su contra en los escritos anteriormente referidos y en los Escritos, siguiendo las normas y leyes sobre jurisdicción y competencia, el 4 de febrero de 2026 he presentado querella contra D. Félix Alfonso Guevara Marcos, D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, D. Carlos Francisco Fraile Coloma, D. Fermín Javier Echarri Casi, D. Francisco Javier Vieira Morante y D. Luis Francisco de Jorge Mesas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tramitada y en curso conforme surge de sus registros. Adjunto al presente como Anexo 3 las querellas presentadas para su constancia, conocimiento y para la debida constancia en el presente y en autos, "ad effectum videndi et probandi", ante quien corresponda, incluyendo otros Juzgados y Tribunales, como, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que he presentado solicitud de "interim measures" urgentes y demanda contra los miembros de la Sección Tercera de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional por los hechos y denuncias de los Escritos, entre otros, por delitos como tratos crueles, inhumanos, torturas, discrimianción, negación de derechos, entre otros, conforme consta en los instrumentos que acompaño como Anexo 4 con efectos ex tunc a los efectos de dicho Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

-  Que asimismo he formulado ante dicha Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por ser el Tribunal superior jerárquico de la Sala (conforme a artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), el recurso de queja al que se refieren los artículos regulados, entre otros, en el artículo 213, siguientes y aplicables de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras disposiciones y remedios legales habilitados, bastando la firma de abogado, siguiendo las expresas indicaciones de los mismos, que en sus partes pertinentes disponen "Artículo 233. Cuando se interpusiere el recurso de queja, el Tribunal ordenará al Juez que informe en el corto término que al efecto le señale", "234. Recibido dicho informe, el Secretario judicial lo pasará al Fiscal, si la causa fuere por delito en que tenga que intervenir, para que emita dictamen por escrito en el término de tres días", "Con vista a este dictamen, si le hubiere, y del informe del Juez, el Tribunal resolverá lo que estime justo".  Adjunto, como Anexo 5 recurso de queja, adelantándalo por esta vía por la inmediatez de plazos aplicables según la Ley y de actos procesales requeridos de carácter improrrogable y preclusivos de actos posteriores.

- Que en la querella y en el recurso de queja se ha plasmado además la suspensión requerida por Ley en esos casos, en los que el pronunciamiento del superior jerárquico como ha sido solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es de la naturaleza de los que por su competencia y jurisdicción ha de alterar lo que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entre otros órganos, puedan llegar a decidir si resolvieran dar conteste a los Escritos o cualquier otra cuestión en los autos de referencia, incluyendo la posible respuesta a mi recurso de súplica presentado y no contestado como reitero, lo que se hace constar de forma expresa para el caso de que fuera necesario recordarlo para el caso de desobediencia a lo que contrariamente pueda resultar. 

Sobre la suspensión deben de aplicar además lo que la Ley dice sobre la prejudicialidad y litispendencia inherente a la naturaleza no solo de la querella y del recurso de queja, sino también de los Escritos, incluyendo el presente. A tal efecto, recuerda esta parte que la Alegación y fundamento "Sexta" del referido recurso de súplica presentado entre los Escritos no contestados, se refería de nuevo a la suspensión con carácter urgente de forma expresa, remitiéndome al mismo para evitar nuevamente repeticiones innecesarias pero relevantes a todos los efectos, con transcripción ad effectum videndi et probandi de lo siguiente en su parte pertinente o "pars pertinentia": se solicita darle el tratamiento recursivo previsto en el artículo quince de la Ley de Extradición Pasiva. A tal efecto, se solicita se unan, como mínimo, además de lo que resulta del presente, el Escrito de Denuncia, así como cualquier otro instrumento necesario a tal fin.

-  Que incurriendo D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, D. Carlos Francisco Fraile Coloma, D. Fermín Javier Echarri Casi y D. Francisco Javier Vieira Morante, como lo hiciera D. Luis Francisco de Jorge Mesas al recusar al mismo, en las causales de abstención y de recusación aplicables por haber sido querellados y denunciados el 4 de febrero de 2026, además de por haber demostrado con su actitud de no dar contestación a nada de lo que planteo una actitud de desprecio, trato cruel, maltrato, entre otros, hacia mi y mis derechos humanos, cuando menos digna de ser catalogada como de enemistad manifiesta con esta parte, por medio del presente las recuso a todos, a todos los efectos, con fecha de efecto del presente, por la negatividad legal y/o procesal que en otro caso se desplegaría contra mí si decidieran actuar contraviniendo lo expuesto, su incompatibilidad, incluso la derivada de la recusación efectuada, que hace también a mis derechos humanos. La recusación se realiza al amparo de los artículos 217 y siguientes y 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el 52 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, más lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que sea de aplicación y con invocación expresa del artículo  24.2  de la Constitución en su faceta de los derechos a un proceso con todas las garantías y a Jueces y Magistrados imparciales.  Los recusados  incurren en las causas de recusación del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de los apartados 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 16ª, al menos, por las que debieron de abstenerse al conocer de las presentes actuaciones de extradición. En cualquier caso, las resoluciones adoptadas hasta la fecha por los recusados, inusuales, han perjudicado a D. Miguel Eugenio Antonio Muñoz, contrariado la Constitución, el “Instrumento de Ratificación del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987”, la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Penal, entre otra normativa sustantiva de carácter imperativa de España, así como de otras disposiciones previstas en Tratados y/o Convenios suscritos entre España y Argentina y otros convenios multilaterales aplicables, a los que se aludió en escritos presentados por esta parte ante los Magistrados recusados, y, en cualquier caso, vulnerando derechos fundamentales de esta parte, de una forma no habitual en personas que ocupan cargos de Magistrado como los que ostentan los ahora recusados. Tengo legitimación para recusar, que actúo como abogado en el los autos arriba referidos ejerciendo mi propia defensa como he indicado (artículo 218.2º LOPJ y 53 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). La sustentación deberá realizarse conforme a los artículos 223 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 58 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se citan expresamente para su aplicación inmediata, declarándose, como ha quedado indicado con anterioridad, que no existiendo ni abogado ni procurador distintos a los que digo que he designado en este escrito a la fecha, que la defensa de mis derechos debe de quedar resguardada conforme este escrito es firmado y presentado. De la lectura de las distintas resoluciones judiciales emitidas en el marco del procedimiento penal de extradición que tramita contra D. Miguel Eugenio Antonio Muñoz surge de forma manifiesta que los recusados no actúan con neutralidad consustancial a la posición de magistrados, aplicando con carácter preferente el principio de cooperación judicial penal a nivel internacional sobre otros más importantes de la esfera personal y humana de cualquier ciudadano, y más en este caso, en el que ese ciudadano denuncia delitos graves, conforme está probado en los autos, mediante los Escritos, entre otros escritos y recursos presentados, y mediante la prueba que ofrece la ausencia de respuesta a dichos Escritos u anteriores presentados por esta parte. Los Magistrados son por lo que expongo y pruebo acreedores del título de “juez suspectus” y, por consiguiente, comprometidos en su imparcialidad. El Tribunal Constitucional (AATC 224/2002, de 20 de noviembre, y 26/2007, de 5 de febrero) ha declarado que “para que en garantía de la imparcialidad, un Juez o Magistrado pueda ser apartado del conocimiento de un asunto concreto es siempre preciso que existan dudas objetivamente justificadas; es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente el que el Juez o Magistrado no es ajeno a la causa o permitan temer que no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico (…)”. En el procedimiento de extradición, basta la simple lectura de cualquiera de sus resoluciones judiciales, para comprobar que la postura de los recusados ratifica sin mayor análisis ni fundamentos ni motivos suficientes todo lo que ha informado la Juez de Argentina, amiga e íntima del ya recusado D. Luis Francisco de Jorge Mesas, a pesar de las irregularidades, falsedades, ilegalidad y defectos denunciados que han sido informados en reiteradas ocasiones por quien suscribe a los recusados, y permite concluir que se trata de una auténtica toma de partido, lo que, a su vez, determina el deber de apartamiento del asunto por pérdida de imparcialidad objetiva.   El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SS TC 162/1999, de 27 de septiembre; 69/2001, de 17 de marzo, 5/2004, de 16 de enero; ATC 26/2007, de 5 de febrero; SSTEDH, de 1 de octubre de 1982, caso Piersack; de 26 de octubre de 1984 de caso De Cubre; de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt; de 29 de agosto de 1997, caso Worm; de 17 de junio de 2003, caso Varela, entre otras, han dispuesto: “(…) en este ámbito las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática (…); no basta con que tales dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas”. La imparcialidad de los Magistrados constituye una garantía indiscutible de todo proceso jurisdiccional, y se encuentra amparada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, según reitera la jurisprudencia constitucional, así como en el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, entre otra normativa aplicable. Como es de ver a través de los antecedentes fácticos y el principio de prueba aportado, los recusados se encuentran incursos en las causas de recusación indicadas por quien suscribe. El conocimiento del incidente de recusación es competencia de un Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 63.a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que deberá instruir el correspondiente expediente de recusación, salvo que las causas alegadas, u otras en su lugar, sean aceptadas por los Magistrados recusados, poniendo término al incidente. Una vez instruido el expediente corresponde decidir la pieza separada conforme al artículo 68, apartados a), d) y e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con garantías de imparcialidad y de forma armónica con lo que lleva vigente tanto tiempo como para no haberse modificado ni aclarado a la fecha, siendo las Salas de los apartados a) y e) las preferentes por garantizar la neutralidad e imparcialidad pretendida, procediendo a través de los trámites establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 60 y siguientes) y disposiciones aplicables de la LOPJ. Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Artículo 61 (…) Durante la sustanciación de la pieza separada no podrá intervenir el recusado en la causa ni en el incidente de recusación y será sustituido por aquel a quien corresponda con arreglo a la Ley." Esta parte ha recusado a los Magistrados inmediatamente como le ha sido posible tras la querella presentada contra todos ellos conforme a anexo, por lo que se respeta la exigencia de inmediatez del artículo 223.1 LOPJ, 56 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y demás aplicables. En este escrito, así como en los Escritos y en los anteriores previos al presente, consta principio de prueba de las causas y motivos en que se funda el presente. A los efectos de probar las causas de recusación y demás hechos que sean necesarios, en relación con los fundamentos de hecho y de Derecho expuestos precedentemente, y el principio de prueba, en el caso de que los Magistrados recusados no acepten la recusación planteada, deberá de abrirse un período probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 225.3 LOPJ y 65 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, admitiendo y practicando la prueba correspondiente. En virtud de ello, esta parte propone los siguientes medios probatorios, de los que no dispone, dejando constancia a los efectos que han de corresponder:

• Grabaciones de las vistas celebradas ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional el 13 de febrero de 2024 y 9 de mayo de 2024, solicitadas por esta parte, pero que no han sido enviadas a la fecha, en poder del citado Juzgado y de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y de todas las grabaciones de las vistas celebradas a la fecha en el expediente extradicional, incluyendo, pero no limitado a, las celebradas ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

• Atestados policiales realizados por los agentes de policía y de guardía civil que detuvieron a D. Miguel Eugenio Antonio Muñoz los días, fechas y momentos que obran en los Escritos, conforme a los delitos denunciados en los mismos ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ante la Sala Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, así como grabaciones, videos y otras imágenes conforme consta solicitado en dichos Escritos.

• Transcripciones, minutas, actas, notas de las vistas a las que se refieren los apartados anteriores.

• Pasaporte original entregado por D. Miguel Eugenio Antonio Muñoz ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional el 13 de febrero de 2024 para probar fechas de entrada, salida, entre otras constancias que obran en el mismo, imprescindibles a efectos de lo que expongo en el presente.

• Autos arriba referidos para acreditar la falta de respuestas a los Escritos, entre mis escritos y recursos previos presentados en los mismos. 


Testifical: 

• D. Baltasar Garzón Real, abogado, y ex Magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, con domicilio a efectos de citaciones en Calle Doctor Esquerdo, 112, Semisótano C, 28007 Madrid, España.

• D. Hugo Alconada Mon, abogado, con domicilio a efectos de notificaciones en Av. del Libertador 101, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina. - B1638BEA | Tel. +54 11 6090 5000; e-mail: halconada@lanacion.com.ar

• D. Héctor Eduardo Antonio, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ de las Eras, 2, pueblo de Navacerrada, Madrid, España. Teléfono: 918560835.

• Dª. Némesis Da Silva, abogada, con domicilio a efectos de notificaciones en 9 de Julio Nº 86, PB, A, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, teléfono +5491156323632, e-mail n000738909@hotmail.com .

• D. Carlos Abel Antonio Muñoz, con domicilio en Madrid, asesor de empresas, número de teléfono 691725440, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ San Luis, 20, 2 º C, Majadahonda, Madrid, España.

• Dª. María Luisa Muñoz Ferreiro, con domicilio en Madrid, número de teléfono 639987127, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ San Luis, 20, 2 º C, Majadahonda, Madrid, España.

Documental

• Teniendo por reproducidos a efectos probatorios los documentos que se acompañan al presente y los obrantes en las actuaciones que tramitan ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Sala Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y/o sistemas de comunicaciones, incluyendo e-mails, entre otros, grabaciones, atestados y demás documentación e información que obre en su poder, sin perjuicio de las demás grabaciones y documental que deba recabarse por no obrar en su poder, como las que cito en el presente, o las que no pudieran tener en su poder por estar en el de la guardia civil y/o policía según lo denunciado.

• Información, documentos y prueba obrante en los tres procedimientos iniciados por quien suscribe ante el Tribunal Supremo: (i) recurso contencioso-administrativo que tramita ante la Excma. Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese Tribunal Supremo; (ii) acciones y recurso que tramita ante la Sala Segunda de ese Tribunal Supremo, Sección: 001, R. núm. 1 / 7054 / 2023 derivado de acciones interpuestas el 6 de junio de 2023; (iii) querella y recurso que tramitan ante la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo declarados en los apartados anteriores del presente.

• Expediente judicial Nº 7126/2019 que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 58 de Argentina, también a cargo de la Sra. María Rita Acosta, grabaciones que constan en el mismo, y demás prueba obrante, que prueba el intento de asesinato que sufrió esta parte en Argentina vinculado a los autos y a lo que deben de resolver los Magistrados recusados por su conexión directa con las denuncias y delitos denunciados por esta parte.

-  Este documento se redacta asimismo atendiendo al Reglamento (UE) 2023/2844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre la digitalización de la cooperación judicial y el acceso a la justicia en materia civil, mercantil y penal transfronteriza y por el que se modifican determinados actos en el ámbito de la cooperación judicial, por los efectos de las comunicaciones digitales, e-mail y personales a dichos efectos, en virtud asimismo del uso de medios previstos en dicha normativa, que requiero sea teniendo en cuenta a todos los efectos, incluyendo los de su presentación a todos los efectos, para el caso de no obtención de respuesta conforme a Ley y Derecho, motivada. Si la comunicación debido al sistema de envío o recepción no contuviera los Anexos referidos, deberán de solicitarse expresamente por el mismo medio por el que no se hayan recibido debidamente, por los múltiples medios de transmisión realizada, incluyendo "digital", "e-mail", "electrónico", "telecomunicación válida según TIC", "IoT", "en línea", "realidad virtual", "sociedad de la información", "sociedad comunicativa", "web", "websites", "sites" y/o internet/s, sms, mensajería instantánea, cell, mobile, fax, facsímil. Incluyendo 🎞️💬📲♾️.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO que, por los motivos expuestos y probados en el presente y en los documentos que han quedado unidos como Anexos, y con fundamento en la doctrina legal y jurisprudencial invocada:

- Tenga por declarado nuevamente que el abogado D. Daniel Lucas Romero y el procurador por él designado nunca me han representado ni técnicamente ni procesalmente, ni lo han hecho a la fecha del presente.

-  Tenga por declarado nuevamente que mi escrito del artículo "trece" de la Ley de Extradición Pasiva del 6 de septiembre de 2024 fue contestado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 16 de septiembre de 2024, sin que consten otras resoluciones después de ella recogiendo mis motivos de oposición, entre otras cuestiones, contenidas en dicho escrito de defensa de ese trámite del procedimiento extradicional.

- Tenga por declarada mi insistencia en designar defensa y representación ajena a la ejercida por mi derecho de autodefensa.

-  Tenga por declarada la designación de abogado de oficio y procurador de oficio designada en el presente instrumentalizada a través del SOJ del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

-  Declare la suspensión para evitar que el transcurso de los plazos provoque indefensión a esta parte, conforme cf. artículo 16.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero a la que refiere el presente y 16.2 segundo párrafo mutatis mutandis por la fase procesal de la extradición.

-  Tenga por realizadas, nuevamente en este escrito, la representación a todo efecto que me realizo en ejercicio del derecho de autodefensa que vengo ejerciendo desde el el 13 de febrero de 2024, conforme a derechos que como expuse reconocen desde los Tribunales españoles hasta los comunitarios como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (venase comúnmente por las citas realizadas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Correia de Matos, de 4/4/2018, nº demanda 56.402/12, entre otras).

-  Tenga por ratificados los Escritos, denuncias, recurso de súplica, entre otros, adjuntos al presente, ad effectum videndi et probandi, erga omnes, ipso facto y ad solemnitatem. Tenga por ratificada de iure y ex iure mi falta de comunicación de nada al respecto.

- Tenga por informada y notificada la querella contra D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, D. Carlos Francisco Fraile Coloma, D. Fermín Javier Echarri Casi, D. Francisco Javier Vieira Morante y D. Luis Francisco de Jorge Mesa interpuesta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 4 de febrero de 2026.

- Tenga por notificadas las "interim measures" y la demanda individual contra los citados en la calidad que ostentan y otros, tramitada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "ex tunc" a la fecha de la solicitud conforme a artículo 34 del CEDH y Reglas de procedimiento aplicables, artículo 39 y concordantes y aplicables.

- Tenga por formulado el recurso de queja ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser el Tribunal superior jerárquico, por los motivos y fundamentos expuestos en el presente "ipso iure" e "ipso facto" desde su presentación ante dicha Sala.

- Declare la suspensión de las actuaciones, además, por los efectos de la pendencia sobre el proceso extradicional de lo expuesto, así como por la prejudicialidad y litispendencia derivada de ello, desde un inicio, lo que incluye las solicitadas al titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 y Nº 5 de la Audiencia Nacional, D. Luis Javier de Jorge Meas, y D. Santiago Pedraz. Se recuerda lo dispuesto en la Alegación y fundamento "Sexta" de mi recurso de súplica.

-  Tenga por declarado lo expuesto respecto al pronunciamiento que recaiga contraviniendo lo que legalmente no puede contravenir sobre lo que aplica erga omnes. 

-  Tenga por recusados desde este momento a D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, D. Carlos Francisco Fraile Coloma, D. Fermín Javier Echarri Casi y D. Francisco Javier Vieira Morante, como lo hiciera D. Luis Francisco de Jorge Mesas al recusar al mismo, por incurrir en los causales "numerus clausus" de la ley, conforme a lo expuesto.

- Tenga por planteado INCIDENTE DE RECUSACIÓN contra D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, D. Carlos Francisco Fraile Coloma, D. Fermín Javier Echarri Casi y D. Francisco Javier Vieira Morante, quienes, por pérdida de imparcialidad exigible, deberán apartarse, conforme a los demás recaudos expuestos exigibles conforme a ley y derecho.

- Acuerde la suspensión del procedimiento de extradición además, por la recusación expuesta, y, pasando los autos al conocimiento de un sustituto, se remita el escrito de recusación y los documentos que lo acompañan al instructor competente, a los efectos de que abra el período correspondiente para la práctica de la prueba, y remita lo actuado al competente para decidir, salvo que se acepte la recusación.

-  Dicte resolución estimatoria de los medios de prueba propuestos.

MiguEZL  AnTZ

Es Justicia que pido en Majadahonda, Madrid, España, el 5 de febrero de 2026.

Traducción a inglés por traductor jurídico por su presentación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CHR), y, en su caso, por compatibilidades o incompatibilidades de procesos en curso, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y otros, prevaleciendo el texto en español sobre la traducción al inglés:

"TO THE THIRD SECTION OF THE CRIMINAL CHAMBER
NATIONAL COURT

CASE NUMBER: 28079 27 2 2024 0000389
COURT ROLL: EXTRADITION 0000010/2024
ORIGINATING PROCEEDINGS: EXTRADITION 0000012/2024
ORIGINATING COURT: CENTRAL COURT OF INSTRUCTION No.: 001.

Mr. Miguel Eugenio Antonio Muñoz, holder of Spanish National Identity Document No. 52478299G, private mobile phone number +34-691725443, website, @&@, member of the Madrid Bar Association under number C70488, residing at Av. Rey Juan Carlos I, 10, 3º, E, Majadahonda, Madrid, Spain, Postal Code 28222, with email address antonio@aabogados.net, declares in accordance with the following Legal and Juridical Grounds:

- WHEREAS, as I have declared and reported, based on my written submissions of January 13, On January 19, 2026, January 21, 2026, and January 28, 2026 (the "Pleadings"), duly filed with the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, attorney Daniel Lucas Romero and the solicitor he appointed have never represented me, either technically or procedurally, as they were neither my legal representatives, nor did they have the authority or authorization to do so, as stated in the aforementioned Pleadings, to which I expressly refer due to their importance in order to avoid unnecessary repetition and to prevent any harm, injury, or damages to me resulting from the unjustified disregard of the foregoing. I attach the Pleadings as Annex 1, again via LexNET.

- WHEREAS the Law says and provides, and in this case the Law of Passive Extradition, in its article thirteen, imposes what is transcribed: "Article thirteen. 1. Upon receipt of the file, the Judicial Secretary shall make it available in the Judicial Office to the Prosecutor and the Defense Attorney for a successive period of three days, and the Court may request, at the request of either of them or ex officio, the background information that it deems appropriate in relation to the following article, without any appeal being possible against the decision of the Court on this matter. 2. If the person sought for extradition does not have a defense attorney, the Judicial Secretary shall request that one be appointed ex officio before making the file available to him." The document I submitted on September 6, 2024, in compliance with that procedural phase in the exercise of my right to self-defense and representation, which is attached as Annex 2, was again answered by the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, as evidenced in my document of January 19, 2026, by order of September 16, 2024, despite the fact that the court clerk had not requested the appointment of a public defender for me, and despite my having requested it in said document due to the need for legal defense and representation for the reasons stated therein, and despite the fact that I was denied access to the legally required and requested defense, as evidenced by the decision of the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, which, therefore, denied me the right to have legal defense and representation separate from my self-defense and representation that I had been carrying out.

- WHEREAS once again at this moment I must demand what I cannot fail to point out and insist upon, which is that my need for the defense and representation of a lawyer and solicitor, as requested by me at the time, continues and remains, as it has not yet been fulfilled, noting that being disabled, as I have been demonstrating since February 13, 2024, before the judicial bodies processing the extradition, including the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, and also lacking economic means, I have exercised my right to Free Legal Assistance and the appointment of duty counsel as required in Article 12.2 of Law 1/1996, of January 10, on free legal assistance, having carried out all the necessary acts to date to obtain it before the Madrid Bar Association (SOJ Paseo General Martínez Camos No. 27, Ground Floor, Madrid), and therefore in this act I request Therefore, the suspension of deadlines is ordered until I am notified in due course of the professionals requested from the Madrid Bar Association for the proper defense and legal representation of my rights, including procedural and human rights legally conferred upon me as a human being. In order to prevent the passage of deadlines from causing the preclusion of a procedure or the defenselessness of either party, the court clerk, ex officio or at the request of the parties, will order the suspension until a decision is reached regarding the recognition or denial of the right to litigate free of charge.

- WHEREAS I have filed this in my own right, in my capacity as a lawyer exercising my self-defense (autodefensa), or self-defense, as you prefer to call it, but defending myself. I clarify this because, given the proceedings and the little attention they pay to me, their lack of response to anything I have submitted to the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, demonstrates the disregard its members show to those whom, according to Law and Justice, they should treat as equals, providing reasoned responses. This requirement exists for a reason; otherwise, some would think they were God, when many of us no longer believe even in the Bible.

- WHEREAS the representation I exercise as a lawyer authorized to act through LexNET is a right already recognized in these proceedings by the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court (the "Chamber") and by Central Courts of Instruction Nos. 1 and 4 of the National Court in these proceedings since February 13, 2024.

- WHEREAS self-representation is a right recognized by Spanish courts, as well as by European Union courts such as the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, among others, as evidenced by the facts and statements made in my initial appearances before Central Court of Instruction No. 1, and recognized by both the European Union and Spain. This right is enshrined in Article 56.3 of the General Statute of the Legal Profession in Spain, and I exercised it to defend the aforementioned fundamental rights. Article 6.3(c) of the ECHR also recognizes the right of individuals to defend themselves or to be assisted by legal counsel, a matter clarified by Constitutional Court Judgment 91/2000 (Legal Ground 3), among others, which states: “legal representation is, ultimately, nothing more than a complement to self-representation.” The European Court of Human Rights also established this in the Correia de Matos case of 4 April 2018 (application no. 56.402/12), among others. This is established in accordance with the most stringent standards of international law, which guarantee the right to life and the human right to be heard in their own words, according to their own will, so that it can be understood that they have been heard within the framework of the other rights that protect them and aim to ensure that they are defended according to their own voice, decision, and vote, and not according to that of interpreters or any third party, whether or not they have the authority to represent them. Thus, the Universal Declaration of Human Rights also indicates this, among its articles guaranteeing the legal personality of the human being "cf. vid." articles 6, 7, 8, 10, among others "ibidem", of the Declaration of Human Rights.

- WHEREAS in accordance with what has been previously indicated, I have evidently not received a response either to what was raised in the Written Statements or in my latest written statements and appeals, to which I refer again so that it is expressly recorded, by the appeal for review presented by me in the exercise of my self-defense between said Written Statements, as well as by the seriousness of the complaints made therein, among which are many relating to facts that I impute to the members of the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, and to the head of the Central Court of Instruction No. 1 of the National Court, Mr. Félix Alfonso Guevara Marcos, Mr. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Mr. Carlos Francisco Fraile Coloma, Mr. Fermín Javier Echarri Casi, Mr. Francisco Javier Vieira Morante and Mr. Luis Francisco de Jorge Mesas. The complaint dated January 13, 2026, refers to this in its Nineteenth Allegation, which, transcribed again, states: "Complaint, lawsuit: Seriousness of the facts presented. Recordings. This document is also formulated as a complaint, lawsuit, notification and/or communication regarding what is described, as it is the first time I have been able to report it to the extent and in the manner described, and the treatment received from the bodies, entities and/or persons I have cited, increasingly aggressive and violent, denying my personal, human and fundamental rights, without guaranteeing them minimally as required, makes me distrust them, without prejudice to the complaints I have notified to the Prosecutor's Office of the National Court, according to documentation that has been sent by me, regarding which I have not received any information or communication regarding its processing for months, including among the defendants and/or those reported all those resulting from the grievances I report in the I hereby designate, in all the detail I have been able to provide, the following: bodies, entities, and/or individuals whom I cannot know due to prohibitions imposed regarding the possible collection of evidence in this regard—and/or regarding the identity of officials—magistrates, judges, judge-magistrates, prosecutors, (...) among others who have caused me violations, infringements, crimes, injuries, and damages to my life, my person, my body, my psychological condition, liberty, equality, right to defense, among other rights, as well as to my property, among others. For the corresponding purposes, I designate the recordings, measurements, and other verification systems located in public and/or private sites and/or places where, due to the specific nature of the events described, they have not been provided to me by their owners despite my having requested them. These include, by way of example, and without limitation, recordings made by cameras and/or systems located in The interior or exterior of my building, in the Orona brand elevator, in the areas containing the electrical, water, and gas installations, among others, in other private residences that had access to sounds and/or images, adjacent to and/or near mine, in the building located outside the building, in the Dia store located next to the entrance of my building, in places I crossed and/or passed through in accordance with the events described, such as roads, highways, streets, freeways, Civil Guard barracks, National Police barracks, holding cells, hospitals, psychiatric units, mental health centers, shops on Gran Vía de Majadahonda where I was admitted on the reported days for my own safety and to prove, when possible, that the reported events occurred there, lounges, rooms, offices, penitentiary establishments, among others… Likewise, all recordings and systems that exist in relation to the nature of the reported events are included. and/or may exist." This is confirmed in the Pleadings, and in the other pleadings, appeals, and attachments, such as those attached hereto.

- WHEREAS due to the criminal charges I have brought against you in the aforementioned pleadings and in the Pleadings, following the rules and laws on jurisdiction and competence, on February 4, 2026, I filed a complaint against Mr. Félix Alfonso Guevara Marcos, Mr. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Mr. Carlos Francisco Fraile Coloma, Mr. Fermín Javier Echarri Casi, Mr. Francisco Javier Vieira Morante, and Mr. Luis Francisco de Jorge Mesas before the Second Chamber of the Supreme Court, which is being processed and is currently underway, as evidenced by its records. Attached hereto as Annex 3 are the complaints filed for your record, knowledge and due inclusion in these proceedings, "ad effectum videndi et probandi", before whomever it may concern, including other Courts and Tribunals, such as, for example, the European Court of Human Rights, before which I have filed an application with the complaints filed herein, are aslo submitted for your records, information, and due documentation, "ad effectum videndi et probandi," before the appropriate authorities, including other courts and tribunals, such as, for example, the European Court of Human Rights, before which I have filed a request for urgent interim measures and a lawsuit against the members of the Third Section of the Third Chamber of the National Court for the acts and allegations contained in the aforementioned documents, including, among others, crimes such as cruel and inhuman treatment, torture, discrimination, and denial of rights, as evidenced in the documents attached as Annex 4, with retroactive effect for the purposes of said European Court of Human Rights.

- WHEREAS I have also filed before said Criminal Chamber of the Supreme Court, as it is the hierarchical superior Court of the Chamber (in accordance with article 219 of the Criminal Procedure Law), the appeal for review referred to in the articles regulated, among others, in article 213, following and applicable articles of the Criminal Procedure Law, among other provisions and legal remedies enabled, the signature of a lawyer being sufficient, following the express indications thereof, which in their relevant parts provide "Article 233. When the appeal for review is filed, the Court shall order the Judge to report within the short term that it indicates for this purpose", "234. Upon receipt of said report, the Judicial Secretary shall pass it to the Prosecutor, if the case is for a crime in which he has to intervene, so that he may issue a written opinion within the term of three days", "With a view to this opinion, if there is one, and the report of the Judge, the Court shall decide what it considers just." Attached as Annex 5 is the complaint appeal, which you are submitting through this channel due to the immediacy of the applicable deadlines according to the Law and the procedural acts required that are non-extendable and preclusive of subsequent acts.

- WHEREAS the complaint and the appeal also include the suspension required by law in these cases, where the ruling of the higher court, as requested from the Second Chamber of the Supreme Court, is of the nature of those that, by virtue of its competence and jurisdiction, must alter what the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, among other bodies, may decide should they respond to the pleadings or any other matter in the aforementioned proceedings, including the possible response to my appeal, which I reiterate has not yet answered. This is expressly stated in case it becomes necessary to remind me of it in the event of disobedience to any contrary outcome.

Regarding the suspension, they must also apply what the law says about the prejudiciality and lis pendens inherent not only in the complaint and the appeal, but also in the pleadings, including this one. To that effect, this party recalls that the Sixth Allegation and Ground of the aforementioned appeal, submitted among the unanswered briefs, expressly referred again to the urgent suspension, and I refer to it to avoid unnecessary but relevant repetitions, transcribing the following relevant portion for the purpose of verification: It is requested that the appeal be treated as provided for in Article Fifteen of the Law on Passive Extradition. To that effect, it is requested that, at a minimum, in addition to the contents of this document, the Complaint, as well as any other instrument necessary for this purpose, be attached.

- WHEREAS Mr. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Mr. Carlos Francisco Fraile Coloma, Mr. Fermín Javier Echarri Casi and Mr. Francisco Javier Vieira Morante, as did Mr. Luis Francisco de Jorge Mesas when he recused him, incurring the grounds for abstention and recusal applicable for having been sued and denounced on February 4, 2026, in addition to having demonstrated with their attitude of not responding to anything I raise an attitude of contempt, cruel treatment, mistreatment, among others, towards me and my human rights, at least worthy of being categorized as manifest enmity with this party, by means of the present I recuse them all, for all purposes, with the effective date of this, due to the legal and/or procedural negativity that would otherwise be deployed against me if they decided to act contravening the above, their incompatibility, including that derived from the recusal made, which also affects my human rights. The recusal is made pursuant to Articles 217 et seq. and 223 of the Organic Law of the Judiciary, as well as Articles 52 et seq. of the Criminal Procedure Law, plus the provisions of the Civil Procedure Law where applicable, and with express invocation of Article 24.2 of the Constitution regarding the rights to a fair trial and to impartial judges and magistrates. The challenged parties are subject to the grounds for recusal set forth in Article 219 of the Organic Law of the Judiciary, specifically paragraphs 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, and 16, at least, which should have prevented them from hearing these extradition proceedings. In any case, the resolutions adopted to date by the challenged judges, which are unusual, have harmed Mr. Miguel Eugenio Antonio Muñoz, contravening the Constitution, the “Instrument of Ratification of the Treaty on Extradition and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Kingdom of Spain and the Argentine Republic, signed in Buenos Aires on March 3, 1987”, the Organic Law of the Judiciary, the Penal Code, among other substantive regulations of a mandatory nature in Spain, as well as other provisions provided for in Treaties and/or Agreements signed between Spain and Argentina and other applicable multilateral agreements, which were referred to in documents submitted by this party to the challenged judges, and, in any case, violating fundamental rights of this party, in a way that is not usual in persons who hold positions of Magistrate such as those held by the now challenged judges. I have standing to recuse, as I am acting as my own attorney in the aforementioned proceedings, exercising my own defense as I have indicated (Article 218.2 of the Organic Law of the Judiciary and Article 53 of the Criminal Procedure Law). The grounds for recusal must be presented in accordance with Articles 223 et seq. of the Organic Law of the Judiciary and Articles 58 et seq. of the Criminal Procedure Law, which are expressly cited for their immediate application. It is hereby declared, as previously stated, that since there is no attorney or legal representative other than those I have appointed in this document to date, the defense of my rights must be safeguarded as this document is signed and submitted. From reading the various judicial rulings issued within the framework of the extradition proceedings against Mr. Miguel Eugenio Antonio Muñoz, it is clear that the challenged judges are not acting with the neutrality inherent in the position of magistrates, prioritizing the principle of international criminal judicial cooperation over other more important principles concerning the personal and human sphere of any citizen, especially in this case, where the citizen is reporting serious crimes, as proven in the case file through the written submissions, among other documents and appeals filed, and through the evidence provided by the lack of response to said submissions and previous ones filed by this party. Therefore, based on what I have stated and proven, the judges deserve the title of "suspect judge" and, consequently, their impartiality is compromised. The Constitutional Court (AATC 224/2002, of November 20, and 26/2007, of February 5) has declared that “in order for a Judge or Magistrate to be removed from the knowledge of a specific matter in order to guarantee impartiality, it is always necessary that there are objectively justified doubts; that is, expressed and supported by objective data that make it possible to affirm with reason that the Judge or Magistrate is not unrelated to the case or allow one to fear that he will not use as a criterion of judgment the one provided for in the Law, but other considerations unrelated to the legal system (...)”. In the extradition proceedings, a simple reading of any of the judicial resolutions is enough to verify that the position of the challenged parties ratifies, without further analysis, foundations, or sufficient reasons, everything reported by the Judge of Argentina, a friend and close associate of the already challenged Mr. Luis Francisco de Jorge Mesas, despite the irregularities, falsehoods, illegality, and defects denounced, which have been reported on numerous occasions by the undersigned to the challenged parties. This allows us to conclude that it is a genuine taking of sides, which, in turn, determines the duty to recuse themselves from the matter due to a loss of objective impartiality. The Constitutional Court and the European Court of Human Rights (Constitutional Court Judgments 162/1999, of September 27; 69/2001, of March 17; 5/2004, of January 16; Constitutional Court Order 26/2007, of February 5; ECHR Judgments of October 1, 1982, Piersack case; of October 26, 1984, De Cubre case; of May 24, 1989, Hauschildt case; of August 29, 1997, Worm case; of June 17, 2003, Varela case, among others) have held: “(…) in this area appearances are very important, because what is at stake is the confidence that the Courts must inspire in citizens in a democratic society (…); it is not enough that such doubts or suspicions about their impartiality arise in the mind of the person who recuses, but it is necessary to determine in each case "Perhaps they reach a consistency that allows one to affirm that they are objectively and legitimately justified." The impartiality of the Magistrates constitutes an indisputable guarantee of all jurisdictional processes and is protected by Article 24.2 of the Spanish Constitution, as reiterated by constitutional jurisprudence, as well as by Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on November 4, 1950, among other applicable regulations. As can be seen from the factual background and the preliminary evidence presented, the challenged parties are subject to the grounds for recusal indicated by the undersigned. Jurisdiction over the recusal incident lies with a Magistrate of the Criminal Division of the National Court, appointed according to a rotation system established by order of seniority, in accordance with the provisions of Article 63(a) of the Criminal Procedure Law, who must initiate the corresponding recusal proceedings, except that the alleged grounds, or others in their place, be accepted by the challenged Magistrates, thus ending the incident. Once the case file has been prepared, the separate proceedings must be decided in accordance with Article 68, sections a), d), and e) of the Criminal Procedure Law, with guarantees of impartiality and in a manner consistent with what has been in force for so long that it has not been modified or clarified to date. The Chambers referred to in sections a) and e) are the preferred ones because they guarantee the intended neutrality and impartiality, proceeding through the procedures established by the Criminal Procedure Law (Articles 60 et seq.) and applicable provisions of the Organic Law of the Judiciary. In accordance with the provisions of Article 61 of the Criminal Procedure Law: “Article 61 (…) During the proceedings of the separate case, the challenged Magistrate may not participate in the case or in the challenge proceedings and shall be replaced by the person who is authorized to do so according to the Law.” This party has recused the Magistrates as soon as possible following the complaint filed against them, as detailed in the attached document. Therefore, the requirement of immediacy under Article 223.1 of the Organic Law of the Judiciary (LOPJ), Article 56 of the Criminal Procedure Law, and other applicable provisions is respected. This document, as well as the previous documents and those preceding this one, contains preliminary evidence of the grounds and reasons on which this recusal is based. For the purpose of proving the grounds for recusal and any other necessary facts, in relation to the factual and legal grounds set forth above, and the preliminary evidence, should the recused Magistrates not accept the recusal motion, a period for the presentation of evidence must be opened in accordance with the provisions of Article 225.3 of the LOPJ and Article 65 of the Criminal Procedure Law, admitting and conducting the corresponding evidence. Therefore, this party proposes the following means of proof, which it does not have, making this known for the corresponding purposes:

• Recordings of the hearings held before the Central Court of Instruction No. 1 of the National Court on February 13, 2024, and May 9, 2024, requested by this party but not yet sent, are in the possession of the aforementioned Court and the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, as well as all recordings of the hearings held to date in the extradition proceedings, including, but not limited to, those held before the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court.

• Police reports prepared by the police and Civil Guard officers who arrested Mr. Miguel Eugenio Antonio Muñoz on the dates and times specified in the documents, in accordance with the offenses reported therein to the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court and to the Second Chamber of the Criminal Chamber of the National Court, as well as recordings, videos, and other images as requested in said documents.

• Transcripts, minutes, records, and notes from the hearings referred to in the preceding sections.

• The original passport submitted by Mr. Miguel Eugenio Antonio Muñoz to the Central Court of Instruction No. 1 of the National Court on February 13, 2024, to prove entry and exit dates, among other records contained therein, which are essential for the purposes of the arguments presented herein.

• The aforementioned documents serve as evidence of the lack of response to my written submissions, including my previous submissions and appeals filed therein.

Testimonials:

• Mr. Baltasar Garzón Real, attorney and former Magistrate of the Central Court of Instruction No. 5 of the National Court, with an address for service of process at Calle Doctor Esquerdo, 112, Basement C, 28007 Madrid, Spain.

• Mr. Hugo Alconada Mon, attorney, with an address for service of process at Av. del Libertador 101, Vicente López, Province of Buenos Aires, Argentina. - B1638BEA | Tel. +54 11 6090 5000; e-mail: halconada@lanacion.com.ar

• Mr. Héctor Eduardo Antonio, with an address for service of process at C/ de las Eras, 2, Navacerrada, Madrid, Spain. Telephone: 918560835.

• Ms. Némesis Da Silva, attorney, with address for service of process at 9 de Julio No. 86, Ground Floor, Apartment A, Quilmes, Province of Buenos Aires, Argentina, telephone +5491156323632, email n000738909@hotmail.com.

• Mr. Carlos Abel Antonio Muñoz, residing in Madrid, business consultant, telephone number 691725440, with address for service of process at Calle San Luis, 20, 2nd Floor, Apartment C, Majadahonda, Madrid, Spain.

• Ms. María Luisa Muñoz Ferreiro, residing in Madrid, telephone number 639987127, with address for service of process at Calle San Luis, 20, 2nd Floor, Apartment C, Majadahonda, Madrid, Spain.

Documentary Evidence

• The documents attached hereto and those contained in the proceedings with the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court, the Second Chamber of the Criminal Division of the Supreme Court, and/or communication systems, including emails, recordings, police reports, and other documentation and information in their possession, are hereby incorporated as evidence, without prejudice to any other recordings and documents that may be required because they are not in their possession, such as those cited herein, or those that they may not have because they are in the possession of the Civil Guard and/or the police, as reported.

• Information, documents, and evidence contained in the three proceedings initiated by the undersigned before the Supreme Court: (i) the contentious-administrative appeal being processed before the Honorable Contentious-Administrative Chamber of that Supreme Court; (ii) actions and appeal pending before the Second Chamber of that Supreme Court, Section: 001, R. No. 1/7054/2023, arising from actions filed on June 6, 2023; (iii) complaint and appeal pending before the same Second Chamber of the Supreme Court mentioned in the preceding sections.

• Court file No. 7126/2019 pending before the National Criminal and Correctional Court No. 58 of Argentina, also presided over by Ms. María Rita Acosta, recordings contained therein, and other evidence on file, which proves the attempted murder suffered by this party in Argentina, related to the present case and to the decision that the challenged Magistrates must make due to its direct connection with the complaints and crimes reported by this party.

- This document is fulfill in accordance with "Reglamento" (EU) 2023/2844 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on the digitalization of judicial cooperation and access to justice in cross-border civil, commercial and criminal matters and amending certain acts in the field of judicial cooperation, for the purposes of digital, email and personal communications for these purposes, by virtue also of the use of means provided for in said regulation, which I require to be taken into account for all purposes, including those of its presentation for all purposes, in the event of not obtaining a response in accordance with Law and Justice, with justification "motivada". If the communication, if the sending or receiving system, does not allow the due reception of the aforementioned Annexes, they must be expressly requested through the same means by which they were not duly received, due to the different transmission method used, including "digital," "e-mail," "electronic," "valid ICT telecommunication," "IoT," "online," "virtual reality", "society of the information" "communication society," "web," "websites," "sites," and/or internet/s, SMS, instant messaging, cell phone, mobile, fax, and facsimile. Including 🎞️💬📲♾️. 

Thus,

I REQUEST, for the reasons stated and proven herein, and based on the legal and jurisprudential doctrine invoked:

- It be declared once again that attorney Daniel Lucas Romero and the solicitor he appointed have never represented me, either technically or procedurally, nor have they done so to date.

- It be declared once again that my brief under Article 13 of the Passive Extradition Law of September 6, 2024, was answered by the Third Section of the Criminal Chamber of the National Court on September 16, 2024, and that no subsequent rulings addressing my grounds for opposition, including those contained in said brief, regarding this stage of the extradition proceedings, are recorded.

- My insistence on appointing legal counsel and representation other than that exercised in my right to self-representation is hereby declared.

- The appointment of a "de oficio" lawyer and legal representative, formalized herein through the Legal Services Office of the Madrid Bar Association, is hereby acknowledged.

- The proceedings are hereby suspended to prevent the expiration of time limits from causing this party to be left defenseless, pursuant to Article 16.2 of Law 1/1996 of January 10, to which this document refers, and Article 16.2, second paragraph, mutatis mutandis, for the extradition phase.

- Consider, in this document, my representation for all purposes, exercised in the exercise of my right to self-defense, which I have been exercising since February 13, 2024, as duly recognized by Spanish and European Union courts, including the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union (see, for example, the European Court of Human Rights in the Correia de Matos case of April 4, 2018, case no. 56.402/12).

- Consider the attached documents, complaints, appeal, and other documents ratified, ad effectum videndi et probandi, erga omnes, ipso facto, and ad solemnitatem. Please consider my failure to communicate anything in this regard ratified de iure and ex iure.

- Be advised that the complaint against Mr. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Mr. Carlos Francisco Fraile Coloma, Mr. Fermín Javier Echarri Casi, Mr. Francisco Javier Vieira Morante, and Mr. Luis Francisco de Jorge Mesa, filed with the Second Chamber of the Supreme Court on February 4, 2026, has been duly informed and notified to you.

- Be advised that the interim measures and the individual application against the aforementioned individuals, in their respective capacities, and others, filed with the European Court of Human Rights, have been duly notified to you, effective ex tunc, as of the date of the application, pursuant to Article 34 of the ECHR and applicable Rules of Procedure, Article 39 and related provisions.

- Be advised that the appeal filed with the Second Chamber of the Supreme Court, as the superior court, has been duly filed, ipso jure and ipso facto, for the reasons and grounds set forth herein, from the date of its filing with said Chamber.

- Declare the suspension of proceedings, furthermore, due to the pendency of the aforementioned extradition process, as well as the prejudicial nature and lis pendens arising therefrom, from the outset. This includes the requests made to the presiding judge of Central Court of Instruction Nos. 1 and 5 of the National Court, Mr. Luis Javier de Jorge Meas, and Mr. Santiago Pedraz. The provisions of the Sixth Allegation and Ground of my appeal are recalled.

- Consider the foregoing declared regarding any ruling that contravenes what is legally prohibited concerning matters applicable to all.

- The following individuals are hereby recused, effective immediately: Mr. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Mr. Carlos Francisco Fraile Coloma, Mr. Fermín Javier Echarri Casi, and Mr. Francisco Javier Vieira Morante, as was the case when Mr. Luis Francisco de Jorge Mesas was recused by me, for incurring the "numerus clausus" grounds for disqualification under the law, as explained above.

- Grant this motion for recusal as is hereby filed against Mr. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, Mr. Carlos Francisco Fraile Coloma, Mr. Fermín Javier Echarri Casi, and Mr. Francisco Javier Vieira Morante, who, due to a loss of required impartiality, must approve their recusation, in accordance with the other requirements set forth herein as required by law.

- Grant due to the extradition proceeding and hereby the due suspension by the aforementioned recusal, and the case is referred to a substitute judge. The recusal motion and accompanying documents are to be sent to the competent investigating judge so that the corresponding period for the taking of evidence may be opened, and the proceedings forwarded to the competent judge for a decision, unless the recusal is accepted.

- A resolution or decission is issued upholding the proposed evidence.

Is Justice that I hereby request being in Majadahonda, Madrid, España, on February 5th, 2026.